Otra de las cuestiones que llama la atención de la LEY 36/2006 de 29 de noviembre es la Disposición transitoria séptima que habla de la SUPRESIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL DELITO FISCAL.

De por sí ya resulta aberrante este punto, y más todavía si nos paramos a leer el final del primer párrafo:

...será aplicable a las actuaciones y procedimientos que se estén tramitando a la entrada en vigor de esta Ley.

O sea, que una vez más nos cambian las reglas del juego y les basta con hacerlo a golpe de Decreto; o en este caso a golpe de nueva LEY. Se supone que las leyes son para respetarlas y que todos debemos conocerlas, pero qué hacer cuando a uno le cambian la Ley cada dos por tres de forma retroactiva. Siempre he oído decir que una Ley o Reglamento Fiscal puede ser retroactiva cuando beneficia al contribuyente, pero que no debiera serlo si lo perjudica.

Aquí hablamos de que se elimina uno de los derechos del contribuyente, que no es ni más ni menos que el TRÁMITE DE AUDIENCIA. Cierto que solo lo eliminan (de momento) en los supuesto de fraude fiscal, pero aquí ya tenemos que plantearnos un par de cosas:

1.- De entrada ya están prejuzgando un FRAUDE FISCAL cuando aún no han inspeccionado a la empresa. Esto no es correcto por muchas pruebas indiciarias que pudieren haber. Además, el fraude fiscal puede existir en el conjunto de la trama, pero no necesariamente en todas las empresas que son atacadas; algunas de las cuales ni siquiera tienen conocimiento de las actividades de la trama.

2.- En estos supuestos sobreactúan policialmente y para acabar con una supuesta trama de fraude, atacan a una serie de empresas y personas que nada tienen que ver, simplemente por estar dentro del círculo marcado. Esto para la opinión pública no afectada directamente puede parecer correcto (de hecho Hacienda ya se lo monta para dar esa imagen positiva y de eficacia), pero no lo es. En el reciente caso de la OPERACIÓN MEDINA a la que tanto bombo se le ha dado en las últimas semanas hubo al menos 45 detenidos y se realizaron 38 registros; algunos de ellos en despachos profesionales. ¿Alguien sabría decir cuantos de estos 45 detenidos están en libertad? Con toda seguridad la mayoría de ellos porque muchos eran simples empleados, o mensajeros, o transportistas, o asesores de alguien. En definitiva solo detuvieron a 3 supuestos cabecillas que serían los únicos que tal vez tuvieran algo que ver con el asunto (y digo tal vez). Pero de eso no se habla porque a Hacienda le interesa armar ruido y que la gente creamos que son invencibles.
¿Qué ocurre con los detenidos que nada tienen que ver que han tenido que sufrir la humillación de ser esposados y paseados a golpe de sirena por las calles de Madrid, o de Málaga? Una vez más la opinión pública dirá:  "Algo habrán hecho"; "Si los han detenido es por algo". etc. etc. Pero luego resulta que los sueltan y no piden ni disculpas. ¿Y los que han tenido que pasar noche o noches en el calabozo? ¿Y los que además han tenido que pasar varios días o semanas en la cárcel en prisión provisional simplemente porque al fiscal le ha parecido conveniente y el juez no lo ha impedido? ¿Y los que además han tenido que pagar fianzas millonarias para poder pasar las Navidades en casa sin tener nada que ver con el supuesto delito? Todas esas medidas son las que estamos permitiendo y muchos de nosotros no nos damos cuenta de ellas, e incluso las apoyamos en el caso de darnos cuenta porque creemos que la Policía y los Jueces están para defendernos de los delincuentes. Pero si basta con que Hacienda diga que presupone que hay un delito fiscal para montar un cerco en el que caigan muchos más inocentes que culpables, a eso lo llamo yo matar moscas a cañonazos. La Policía y los Jueces acaban siendo también víctimas de este sistema y realizan una serie de detenciones que muchas veces no vienen a cuento de nada.

No nos olvidemos que una persona puede estar dos años en prisión preventiva sin ser juzgada por el delito que se le acusa. Sin apenas poderse defender. En el mejor de los casos le pueden ofrecer la posibilidad de eludir la cárcel si deposita fianza (no siempre); pero incluso en esos casos, ¿qué ocurre si no dispone del dinero que le piden? ¿Y si además, como ocurre con los delitos económicos, le han bloqueado las cuentas en el momento de la detención? ¿Cómo paga entonces la fianza?

Hay tantas preguntas que nos deberíamos de hacer, que a veces asusta nuestro Estado de Derecho.

Cada vez se le dan más poderes a Hacienda, y no vale eso de decir que Hacienda somos todos. ¿Sabía usted que Hacienda dispone de muchísimos más datos sobre la vida de usted que la propia policía?

Hay que luchar contra el fraude porque perjudica al resto de contribuyentes, pero hay que hacerlo bien. No valen fórmulas dictatoriales dignas de una república bananera.

¿A quien afecta esta decisión de eliminar el trámite de audiencia?

A las empresas o personas físicas que estando inspeccionadas, Hacienda piense que hay indicios de DELITO FISCAL. Hasta la fecha estaban obligados a comunicar el mencionado trámite de audiencia antes de pasar el asunto a fiscalía. Ahora podrán hacerlo directamente sin comunicárselo al contribuyente. Viva el Estado de Derecho.