¿Cómo calificarían ustedes el hecho de que alquien se saltase las leyes, y después de haber hecho tal cosa y que algunos Tribunales se lo hicieran saber, dicho alguien cambiara la ley para adaptarla a sus necesidades?

Dicho así, puede sonar muy fuerte, pero es algo bastante habitual cuando hablamos de la administración de hacienda. No se trata de casos aislados, sino que es algo que llevan haciendo desde siempre mediante reales decretos, ligeros cambios de leyes escondidos entre las mismas leyes de presupuestos y otras mil maniobras más que van adaptando el entorno legislativo a su propia conveniencia.

Como muchos de los lectores sabrán, hace ya dos años que tengo algunos asuntos en Tribunales, relacionados con ciertas actuaciones de la administración tributaria. Esto ha provocado numerosas sentencias a mi favor, e incluso el Defensor del Pueblo ha apoyado todos mis argumentos.

Pero durante esos dos años, hacienda no ha dejado de jugar sucio y ha ido cambiando poco a poco las reglas del juego. Ha redactado circulares internas con instrucciones muy concretas, y han ido cambiando ese entorno legislativo al que antes me refería para que en un futuro no muy lejano NO IMPORTE LO QUE ACABEN DICIENDO LOS TRIBUNALES porque no será de aplicación.

¿De verdad nos encontramos en un estado de derecho? ¿De qué le sirve al ciudadano acudir a los Tribunales y gastarse una fortuna defendiendo lo que es suyo si luego la otra parte tiene potestad para cambiar la ley a su antojo?

Yo no defiendo aquí que las leyes sean intocables y no se puedan modificar. Entiendo que como todo, debe de evolucionar, siempre que sea en beneficio de todos, pero lo que resulta incalificable es que se modifiquen después de que la administración se haya saltado sus propias normas. Primero atropellan al contribuyente y luego sacan una Ley que permite los atropellos.

Una vez más la prepotencia de hacienda resulta tan evidente que provoca todo mi rechazo.




Ramón Cerdá