Debido a mi actividad de venta de sociedades inactivas y al creciente número de ventas (1.200/año), es normal que algunas de ellas acaben cometiendo algún tipo de irregularidad, bien sea fiscal, o de otra índole.

Es por ello que cada vez es más habitual recibir notificaciones y demandas de todo tipo relacionadas con sociedades vendidas hace años. Unas veces se me cita como testigo, lo cual puedo entender, pero otras veces se me cita directamente como imputado.

Cuando alguien pretende imputarme un delito desde la ignorancia de lo que yo hago, se le puede perdonar porque al ver mi nombre reflejado en el Registro Mercantil, se puede caer en la tentación (poco profesional por cierto) de citarme a mí también por ver si pescan algo. Ahora bien, cuando quien me imputa directamente como socio fundador es la Agencia Tributaria que sabe perfectamente a qué me dedico, y conoce igualmente de forma perfecta que el hecho de que yo figure como socio o administrador fundador de una sociedad, no supone para nada mi implicación en su actividad posterior, es algo que no deja de sorprenderme. Muchas veces me pregunto si es simplemente una política en la que se busca mi cansancio y retirada de este mercado, o es más simple que eso y solo es ignorancia mayúscula o falta de diligencia profesional.

Hay que tener en cuenta que cada vez que recibo una citación como imputado, además del mal cuerpo que a uno se le pone, hay otras implicaciones:

1.- Ese día tengo que localizar a alguien que me sustituya en las firmas de Notaria y se desplace a Valencia o Madrid en mi lugar, lo cual me cuesta un dinero nada desdeñable.

2.- Me veo obligado a desplazarme a cualquier punto de España porque vendo en todo el territorio nacional y el supuesto delito puede haber sido cometido en cualquier provincia, por lo que la citación puede venir del Juzgado más escondido y lejano de nuestro querido país. Esto por supuesto es otro coste importante.

3.- Al ir como imputado, me veo obligado a requerir los servicios de un abogado competente y en muchos casos de un procurador, cuyas minutas tengo que pagar yo con independencia del resultado del juicio.

En el caso más reciente (véase documento adjunto), se trata de una imputación personal por "delito contra la hacienda pública y falsedad documental", referido a una sociedad que vendí (pásmese el lector de este modesto blog) con fecha 8 de julio de 2003.

Debo recordar por si quien me lee en esta ocasión no conoce bien mi servicio, que cuando yo vendo una sociedad, lo hago sin que ésta haya desarrollado actividad alguna, y en el mismo momento de la venta, ceso como administrador y se nombra a uno nuevo. Nosotros personalmente nos encargamos de la inscripción en el Registro mercantil del cese mío y del nombramiento del nuevo.

En resumen: que si se ha hecho algo ilegal con la sociedad, no ha estado en mi mano hacerlo ni aun queriendo, sino que lo habrá hecho el nuevo administrador. ¿A santo pues de qué se me CITA COMO IMPUTADO? ¿Así es como funciona la Justicia en nuestro país? ¿Así es cómo un contribuyente tiene que sufrir las paranoias de la administración? ¿Quién me paga a mí los gastos y molestias de cada una de estas injustas e indebidas citaciones? Ni siquiera recibo disculpas cuando aporto la documentación que demuestra que nada tengo que ver con estos asuntos; documentación que por otra parte no sería necesario aportar porque es pública y se puede consultar en el Registro Mercantil. Bastaría con que se tomaran la molestia de consultarlo antes de citar indiscriminadamente al personal.

De p... pena.


Ramón Cerdá