Al igual que me quejo ante una injusticia, también quiero reflejar los momentos en que la Administración se comporta como es debido.
En este caso vengo a referirme a dos actuaciones que la Tesorería realizó contra mí. Una de ellas la llevé a Tribunales, y la otra, por unas cosas u otras, se quedó en el cajón sin recurrir. Ambas eran situaciones practicamente idénticas y se referían a unas altas de oficio como autónomo de unos meses en los que yo permanecí sin cotizar debido a que no estaba desarrollando ninguna actividad.
La que llegó a Tribunales, después de tener que acudir incluso al Tribunal Supremo porque el de Lugo me desestimó la reclamación, y después de haberme gastado mucho más de lo reclamado, acabó positivamente y conseguí que me dieran la razón y anularan el alta de oficio.
Como estaba la otra reclamación en marcha y no fué llevada a Tribunales, la Seguridad Social siguió con sus actuaciones y me remitió varios escritos reclamando que pagara. Yo no estaba muy por la labor de hacerlo porque me parecía una injusticia, de manera que fui demorando el asunto porque tampoco era un importe preocupante.
Unos meses después llegué a recibir una orden de embargo, e incluso una comunicación de fecha y hora en la cual vendrían unos señores del Juzgado a llevarse mis bienes para el cobro de unos autónomos que ascendían a 200,96 euros, más el apremio de 70,34.
Me seguía pareciendo una aberración, pero no estaba en plazo de más recursos y poco podía hacer, salvo esperar acontecimientos.
Nunca llegaron a venir a embargar, y hace unos días, cuando ya ni me acordaba del tema, recibí un grato escrito en el cual se me comunicaba una nueva resolución por la que se revisaba de oficio el caso y se aplicaba el criterio del Tribunal, con lo cual queda anulada la reclamación, y por supuesto las órdenes de embargo.
Qué decir tiene que es una gran satisfacción para mí, aunque desde luego me he gastado con creces todo lo reclamado y me han tenido incomodado durante años, pero creo que ha valido la pena.
Para mayor información y para que el lector se sitúe en la perspectiva de los hechos, hay que decir que esto viene del año 2005, con lo cual han tenido que transcurrir cinco largos años y mucho papeleo de por medio.
En la reclamación se pretendía cobrar unos autónomos por estar yo como administrador en unas sociedades inactivas. Ha quedado clara la cosa. Más vale tarde que nunca.


Ramón Cerdá