Mi recomendación ante este punto es que NUNCA HEMOS DE APORTAR NADA que ya haya sido aportado con anterioridad. Es uno de los derechos que tiene el contribuyente, y al que no deberíamos de renunciar.

Cuando Hacienda nos pide algo que ya hemos aportado en alguna ocasión anterior, deberíamos de obligarnos a nosotros mismos a no ceder ante tal petición y negarnos rotundamente a aportarlo. Claro que para ello hemos de tener en cuenta tres cosas muy básicas e imprescindibles:
 

1.- La documentación debe de haber sido presentada ante la misma administración. No vale haber aportado algo a la Seguridad Social y luego negarnos a presentarlo ante Hacienda porque son administraciones diferentes. Ahora bien, si quien nos lo pide las dos veces es Hacienda, aunque sean departamentos distintos, o Agencias Tributarias diferentes, podemos (y debemos) negarnos a aportarlo de nuevo.

2.- Hemos de poder indicar a Hacienda la fecha y el departamento donde lo aportamos inicialmente. Por eso es muy importante conservar siempre los justificantes de las actas donde se indique la aportación de la documentación.

3.- La negativa a aportar la documentación ha de ser por escrito para tener justificación de ello, e indicar claramente lo indicado en el punto 2 anterior. Podemos mencionar o no la legislación que nos ampara; en realidad eso no es necesario porque Hacienda sabe perfectamente que ese derecho existe y dónde está legislado. No obstante si se quiere indicar, basta con cortar y pegar el contenido del siguiente cuadro.

Ramón Cerdá

A pesar de que la Ley en vigor tuvo sus últimas modificaciones en 1998, todavía existen muchas dudas en cuanto a cuándo corresponde el régimen de AUTÓNOMO y cuando es aplicable el régimen GENERAL.

De hecho el criterio aplicado tampoco es siempre homogéneo, y puede variar en función de la Tesorería que se encargue de decidir el régimen a aplicar.

A continuación acompañamos una tabla explicativa con los criterios más habituales que puede servirle como referencia, aunque sigue sujeta al visto bueno del funcionario correspondiente en cada caso.

No estarán comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades mercantiles capitalistas que tengan por objeto la mera administración del patrimonio de los socios, o permanezcan inactivas.

Ahora bien, habría que matizar una excepción en la cual usted podría caer inadvertidamente y ser causa de posteriores disgustos.

Imaginemos el siguiente caso:

1.- Sociedad constituída con aportaciones NO DINERARIAS

2.- Que esas aportaciones NO DINERARIAS no fueran reales o estuvieran claramente sobrevaloradas.

A tal efecto aclararé que para la constitución de una sociedad limitada con aportaciones no dinerarias, basta con decir el fundador qué valor tiene lo aportado, con lo cual una simple silla de plástico se puede valorar por 3.006 euros, de manera que ya disponemos del capital social suficiente para la constitución sin haber tenido que pasar por el banco.

Siguiendo con el caso hipotético, supongamos que usted compra participaciones de una sociedad de 3.006 euros de capital social que fue constituida con la aportación de una silla de plástico de 20 euros “valorada” en 3.006 por el socio fundador. Usted posiblemente ni siquiera tenía conocimiento de que la sociedad estaba constituida de ese modo.

Ahora es usted socio de una sociedad que se constituyó con aportaciones no dinerarias claramente sobrevaloradas, y aunque usted no sea consciente de ello, se convierte en RESPONSABLE SOLIDARIO DE LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD.

Lo que dice la Ley de Sociedades:

Sigamos pues con el ejemplo:

Esa sociedad que usted ha comprado, asume unas deudas que no puede pagar y se declara insolvente. En principio usted no tendría nada más que temer (salvo que la insolvencia fuera fraudulenta y usted fuera el administrador responsable de dicho fraude), pero si como decimos, usted adquirió unas participaciones de origen no dinerario y éstas estaban sobrevaloradas, los acreedores de la sociedad podrían intentar hacerlo a usted responsable solidario. Y en realidad, no solo a usted, sino al administrador si es otra persona, y al socio fundador que le vendió a usted las participaciones.

Ese es uno de los motivos de que nosotros constituyamos TODAS LAS SOCIEDADES con desembolsos dinerarios. De ese modo no asumimos responsabilidades solidarias, ni nuestros clientes las asumen por habernos comprado una sociedad.

Existe otro supuesto de responsabilidad patrimonial solidaria del socio. Es el caso de las sociedades que habiéndose convertido en unipersonales, no han declarado dicha unipersonalidad. En esos casos, si llega el hecho a oídos de los acreedores, podrían solicitar la responsabilidad solidaria del socio único.

Un claro abuso del que poca gente está enterada, ocurrió en el último trimestre del 2005, y tuvo como protagonista a la Agencia Tributaria de las Palmas.

El señor administrador de esta Agencia se otorgó en aquel momento la potestad de cerrarme el negocio, y ni corto ni perezoso me vetó la posibilidad de que se asignaran NIFs provisionales a las sociedades que yo constituía. Eso impedía por lo tanto pagar los impuestos de constitución (modelo 600), y lo que es peor, impedía llevar las escrituras al Registro Mercantil, y por lo tanto su destino inevitable era la papelera del despacho.

Queda claro que si me dedico a constituir sociedades para mantenerlas inactivas y luego venderlas, esta actuación de la administración, por muy ilegal y bárbara que pudiera ser, acababa de raíz con mi actividad, y esto es ni más ni menos lo que hubiera ocurrido en 2005 si a todas las Agencias Tributarias les hubiera atacado el mismo virus de la insensatez. Por suerte he podido seguir trabajando sin demasiados problemas desde entonces eludiendo simplemente mis contactos con esta administración.

Espero que al lector le quede lo suficientemente claro lo INJUSTA QUE PUEDE LLEGAR A SER LA ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA. Todavía son muchos los que piensan que Hacienda actúa siempre según la Ley y que es incapaz de hacer injusticias con los contribuyentes, y lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad. No voy a atacar a nadie personalmente desde aquí y voy a dar por hecho que estas injusticias se producen por mera ignorancia o por una mala interpretación de la legislación, que no es otra cosa que otro tipo de ignorancia, y NO VOY A DECIR que se hacen con mala fe y buscando únicamente arruinar a un legítimo empresario.

Sea no obstante como fuere, el resultado es el mismo, Hacienda mueve ficha y el contribuyente es pisoteado y asfixiado.

Cuando me ocurrió esto en 2005, tuve que acudir a Tribunales porque los recursos que presenté, estoy seguro de que ni se los leyeron. Dieron por bueno su criterio inicial basado según ellos mismos admitieron por escrito en algo que llamaban POTESTAD DISCRECIONAL (¿se imaginan?... POTESTAD DISCRECIONAL, como si estuviéramos en época de Franco) y acabaron denegándome el NIF provisional de las 12 sociedades que constituí por aquel entonces en esa provincia de la que me he mantenido alejado como de la peste desde entonces.

Ha sido ahora en 2008, cuando el Tribunal ha resuelto que yo tenía razón y que Hacienda debió de darme en aquel entonces los NIFs provisionales para que yo pudiera llevar las escrituras al Registro Mercantil.

Me pregunto yo… ¿Basta con que ahora me den la razón? ¿Quién me compensa de todo el daño económico y moral que se me ha estado ocasionando en estos años? ¿Y si hubiera tenido que cerrar mi negocio como fue su intención por esta forma de actuar?

Sencillamente me parece lamentable que estemos en manos de cierto tipo de gente que pueda hacer esta clase de cosas con total impunidad y nosotros nos tengamos que comportar como siervos de un señor feudal en la edad media. Al menos entonces se pagaban diezmos sobre las cosechas; ahora es bastante más lo que se paga para recibir un trato incluso peor en algunos casos.

A continuación haré unos comentarios sobre la sentencia y sobre la actuación previa de la Administración, y adjunto en formato pdf el texto íntegro del fallo.

ALGUNOS DETALLES Y COMENTARIOS SOBRE LOS 12 FALLOS ESTIMATORIOS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANARIAS, así como del criterio previamente establecido por la Agencia Tributaria de Las Palmas:

Cabe resaltar que NO EXISTE ningún procedimiento de DENEGACIÓN DE NIF; existen procedimientos de asignación, y en su caso de revocación de NIF, pero en toda la legislación y reglamentación tributaria NUNCA HA EXISTIDO nada parecido. Esto de por sí ya es un irregularidad grave de la Administración.

Leamos lo que dice el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA sobre el término DISCRECIONAL…

“Dícese del poder que se otorga, a ciertos funcionarios y en determinadas circunstancias, para tomar las decisiones que estimen convenientes, sin sujeción a reglas preestablecidas.”

El simple hecho de atreverse a utilizar el término POTESTAD DISCRECIONAL, dice mucho (y nada bueno) de la Administración, que a priori ya está admitiendo su desprecio hacia el contribuyente que sí que se tiene que atener a una serie de normas y plazos preestablecidos, y en caso de no hacerlo deberá de sufrir las consecuencias. Aquí nos dice el responsable de la Agencia Tributaria de Las Palmas que va a hacer lo que le venga en gana sin sujeción alguna a los plazos y reglas establecidas que son, en definitiva, las únicas que le dan una cobertura legal y una protección al contribuyente. Esto quizás, y con los debidos matices, pudiera ser admisible con anterioridad al 20 de noviembre de 1975, pero resulta intranquilizador y acongojante para el contribuyente que en pleno siglo XXI, la administración se permita estos arrebatos.

Cabría destacar aquí que el responsable de la Agencia Tributaria de Las Palmas utilizó como excusas (llamémoslas motivaciones) para la no asignación de los NIFs, el hecho de que el domicilio era meramente formal y que el objeto era muy amplio y abarcaba prácticamente todas las actividades.

Quisiera recalcar que aunque el objeto social de SOCIEDADES URGENTES es verdaderamente MUY AMPLIO, no incluye en ningún caso actividades ilícitas ni contrarias al orden público, cosa que si de todos modos ocurriera, el Sr. Registrador no inscribiría en ningún caso.

En cuanto al domicilio, bástele a la Administración que el que se indique como domicilio fiscal exista realmente y sea debidamente atendido, contestándose a todos los requerimientos que la Administración libre. De hecho en su momento se contestaron los requerimientos y se realizaron los oportunos recursos; cosa que si el domicilio no hubiera sido correcto, no se podría haber hecho.

Bien poco es necesario comentar esta parte, porque el Tribunal es lo suficientemente claro y explícito, recalcando claramente que la Administración de Hacienda no puede hacer lo que le venga en gana en uso de unas atribuciones que dice tener, pero que realmente (y por suerte para el contribuyente), no tiene.

Resulta triste que se tenga que hablar en pasado sin que se pueda remediar la mala actuación de la Administración, porque hay que destacar que esa mala actuación impidió la constitución de esas 12 sociedades, y de otras que posteriormente se hubieran tramitado en la misma provincia. Es un caso claro de abuso y prepotencia administrativa.

El hecho de no repercutir las subidas de IPC durante los últimos años, ha supuesto para nuestros clientes una reducción importante en los costes de adquisición de nuestras sociedades.

Son ya alrededor de 7.000 sociedades vendidas, y más de 10.000 clientes satisfechos en prácticamente todo el mundo.

Incrementos de IPC no repercutidos: